Una prostituta consigue la nacionalidad y estafa 50.000 euros un ganadero enfermo

La Fiscalía pide seis años de cárcel y una multa de 30.000 euros más los intereses legales
Una prostituta se enfrenta a prisión por matrimonio ilegal y estafar a un ganadero enfermo | Google Maps

Una mujer se enfrenta a seis años de prisión por los delitos de estafa y matrimonio ilegal, por ello el juicio se llevará a cabo el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo. Los hechos tuvieron lugar en 2007, cuando la acusada, de origen brasileño, ejercía la prostitución en un club de Lugo donde conoció a la víctima, un hombre de 45 años que padece esquizofrenia paranoide y que vivía con sus padres y un hermano minusválido.

La acusada enviaba el dinero a Brasil

Tal como avanza ‘La Voz de Galicia’, la acusada, según la Fiscalía, se casó con la víctima por la iglesia en julio de 2007 para lograr obtener la nacionalidad española y, además, apoderarse de sus ingresos, a pesar de que los padres del hombre se oponían al matrimonio. Sin embargo, nunca convivieron y él acudía una vez a la semana al local donde ejercía como prostituta, pagando por sus servicios.

Por un lado, la mujer consiguió que la víctima compartiera cuenta bancaria con ella y pidieron dos créditos de más de 25.000 euros, cuyo importe fue enviado en gran medida a Brasil. Además, el hombre tenía ingresos como ganadero, por las subvenciones y por la pensión de 575 euros otorgada por la Xunta de Galicia, que también entregaba a la acusada. En total, unos 30.000 euros.

El pasado 2011, el matrimonio se declaró nulo por falta de válido consentimiento, pues el hombre presenta una inteligencia por debajo de la normal y era completamente dependiente emocionalmente de la mujer. Por ello, ha sido acusada de celebrar un matrimonio ilegal, por el que le piden un año de cárcel, y, además, de un delito continuado de estafa, por el que piden cinco años de prisión y once meses de multa, a cuatro euros diarios. Aunque la cárcel se puede sustituir por la expulsión del territorio español y, como responsabilidad civil, deberá pagar 30.000 euros más los intereses legales a la víctima.