Los fiscales del Tribunal Supremo frenan la acusación de rebelión de Puigdemont

Muchos consideraron que no se podía aplicar este delito a las medidas que tomó la Generalitat para celebrar el 1-O
El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza | Cedida

 

  

Los fiscales del Tribunal Supremo han frenado la querella que se había presentado contra el presidente catalán Carles Puigdemont por rebelión. Estos mantuvieron el pasado lunes una reunión donde expresaron sus opiniones sobre la validez de mantener esta acusación. Y, pese a manifestar criterios muy diferentes, como ha avanzado 'La Vanguardia', la mayoría estuvieron de acuerdo en el hecho de que la acusación de rebelión implica el uso de la violencia y la fuerza, por tanto no se podría aplicar al caso de la votación del 1 de octubre.


Aún con todo, algunos magistrados opinaron que la Generalitat, aun sin haber hecho uso de la violencia directamente, si que la había incitado. Estos consideraban que las autoridades catalanas habían impulsado una consulta que estaba prohibida por el Tribunal Constitucional, induciendo a la población a enfrentarse al orden publico e impidiendo que las fuerzas de seguridad se llevaran el material electoral. Además, argumentan que el punto 5 del citado articulo del Código Penal castiga explícitamente la rebelión destinada a «declarar la independencia de una parte del territorio».


Con esta misma convicción, otra parte de los fiscales explicaron que la rebelión se refiere a «aquellos que se levanten violenta y públicamente» y aseguraban que las ordenes de la Generalitat no habían implicado la mencionada incitación a la violencia. Para ellos, el cierre de las escuelas y la ocupación de los centros electorales no implica una acción violenta, aunque puntualizan que sí que podrían haber supuesto conductas delictivas de menor calado.

 


Un punto en que sí que estuvieron de acuerdo los presentes a la reunión fue en el hecho de que Puigdemont fuese juzgado en Madrid, por temor a que las presiones que pudieran sufrir los órganos judiciales catalanes. La mayoría de fiscales apuntaron a que el presidente de la Generalitat está aforado frente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que así seguiría, aunque se aplicara el articulo 155 de la Constitución.

 


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