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Coronavirus: El Gobierno prepara el cierre de empresas: Las que pueden cerrar ya

El cierre de empresas y multas multimillonarias, dos de los terribles escollos que trae consigo el coronavirus
Imagen de un despacho u oficina
Imagen de un despacho u oficina | Pixabay

Dicen que el final de una crisis trae consigo grandes proyectos. Lejos de disertar al respecto, lo que no acepta duda es que, cuando la actual crisis termine, seremos expertos en coronavirus. El bombardeo informativo en torno al COVID-19 estos días en los medios de comunicación promete de todo menos tener fin, por el momento.

Son múltiples los medios que estos días abordaban las principales dudas en torno a cómo podemos contagiarnos y qué superficies y materiales son más susceptibles de resultar un lugar habitable para el coronavirus. Por el momento se sabe que en superficies porosas como la madera el virus es potencialmente mucho menos contagioso que en superficies u objetos resistentes y que no presentan porosidad, tales como el hierro o cualquier tipo de metal.

«El Gobierno, habilitado para decretar el cierre de empresas que incumplan las medidas» 

Así lo establece un criterio operativo de la 'Inspección de Trabajo y Seguridad Social' y así lo expone 'La Información', a cuyo y mencionado criterio ha tenido acceso.

Asimismo, hace recordar el Gobierno que todas las actividades comerciales son susceptibles de riesgo de contagio por coronavirus con independencia del sector al que se dediquen. 

A la medida preventiva del teletrabajo se suma la flexibilidad horaria, con la intención de evitar las aglomeraciones de personas en los lugares de trabajo.

«Multas de hasta 600.000 euros»

A todo lo anterior, asimismo hace recordar «que todas aquellas empresas que no cumplan los protocolos establecidos para proteger la salud de la plantilla, sobre todo si se conocen casos de contagios en el centro de trabajo, se arriesgan a sanciones e incluso al cierre preventivo de sus instalaciones», recoge 'La Información'.

Numerosas empresas, como es el caso del gigante de las ventas en línea Amazon, han reconocido contar con varios contagiados por COVID-19 en su platilla.

Imagen de Jeff Bezos con un fajo de billetes en la mano
Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico del mundo con Amazon | Agencias

'La Información', que como ya hemos anunciado ha tenido acceso al mencionado ordenamiento de criterios de prevención por coronavirus SARS-CoV-2, redacta: «El criterio de la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social recuerda que una vez decretado el estado de alarma que atribuye el carácter de autoridad competente al Ministerio de Sanidad, las medidas de seguridad aprobadas por este departamento tienen carácter obligatorio.

Incluidas, además de las respectivas a la higiene y la seguridad en los centros de trabajo, la realización de teletrabajo siempre que sea posible, la revisión y actualización de los planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias, la flexibilidad horaria y el planteamiento de turnos escalonados para reducir las concentraciones de trabajadores y la prevalencia de las reuniones por videoconferencia».

No obstante, se hace saber en el informe que la Inspección discriminará el grado de riesgo de cada empresa en función de su sector «vigilando el cumplimiento de la normativa general en prevención de riesgos laborales y la específica referida a riesgos biológicos». 

En lo referente a aquellos empresarios que infrinjan el correcto cumplimiento de la normativa, «se pondrá en conocimiento de las autoridades sanitarias, que podrán aplicar las medidas establecidas en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y entre las que se encuentran la posibilidad de acordar 'el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias' y 'la suspensión del ejercicio de actividades'», tal como recoge el artículo 54.2.

Como hemos comentado hacia el inicio de esta noticia, podrán ser impuestas por incumplimiento de la normativa multas de hasta 600.000 euros.

«Por ejemplo, el incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población, es considerado una infracción leve, con multa de hasta 3.000 euros».

Pero el incumplimiento reiterado de las instrucciones de la autoridad competente o la realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población son infracciones de máxima gravedad sancionadas con multas de entre 60.001 y 600.000 euros.



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