La caída de Julen podría costar hasta cuatro años de prisión por negligencia

El propietario de la finca y el pocero podrían ser acusados de un delito de lesiones por imprudencia o de homicidio, en caso de que el pequeño haya perdido la vida
Los mineros de Asturias se preparan para construir una galería horizontal | España Diario
 

Mientras Julen aún se encuentra en el pozo de Totalán (Málaga), la justicia no se para y se empieza a hablar de responsabilidades y penas por la caída del menor al pozo. La perforación para la creación de un pozo era ilegal y la Guardia Civil continua, paralelamente, la investigación. Cabe recordar que sí existen negligencias en la actividad de perforación ilegal. Las sanciones de carácter administrativas y penales, pueden ir desde 6.000 en multas hasta los cuatro años de prisión.

La naturaleza de las penas radica en el estado de Julen cuando salga del pozo. Si Julen continua con vida cuando sale del pozo, el primer delito que se debe tener en cuenta es un delito de lesiones por imprudencia. Si no sobrevive, los cargos serán de homicidio con imprudencia.

Los responsables serían el dueño de la finca, David (también es la pareja de una prima de la familia) y Antonio Sánchez, que también sería responsable en el caso de que se demuestre que no cerró correctamente el agujero.

El responsable sería el encargado de indemnizar a los padres de Julen y hacerse cargo de los costes del operativo de rescate, calculado a día de hoy en 600.000 euros.


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A ello habría que sumar los daños ecológicos, es decir, los daños producidos en fincas adyacentes o cercanas a causa del operativo y el desmantelamiento del terreno.

Obras ilegales previas a la tragedia

Losa trabajos siguen de manera constante desde hace más de diez días | España Diario

Días antes de que Julen cayera al pozo, se sabe que se realizaron obras en la zona, las cuales, según Antonio Sánchez, provocaron que se moviera la piedra que se había colocado en el agujero. La empresa de construcción se enfrenta a penas como responsable de unas obras ilegales.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía debe autorizar dichas obras, y si no fue así, como parece, también el Ayuntamiento se sumará a multar al dueño de la finca, pues permitió que las obras sin  permiso avanzaran hasta su conclusión.

La Confederación de Aguas también se suma a las denuncias y multará al dueño de la finca y al pocero por la naturaleza ilegal del agujero. Al primero lo denunciará por no pedir los permisos necesarios para la ejecución de dicha obra en sus terrenos, es decir, abrir un pozo ilegal. Al pocero, por no verificar la legalidad de los permisos que se requieren para llevar a cabo el pozo. Dicha pena económica, agravada por la caída de Julen, podría ser de 300.000 euros.

El operativo de rescate sigue trabajando muy duro para poder rescatar a Julen lo antes posible.