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El Síndic de Greuges presenta un informe para reducir un 50% la factura de la luz en los hogares

Ha presentado el informe al Gobierno autonómico y central
El Síndic de Greuges ha realizado un informe mediante el cual insta a una reducción de la factura de la luz a los gobiernos | España Diario

 

Rafael Ribó, del Síndic de Greuges de Cataluña, ha presentado en el Parlament un informe en el que se pide al Gobierno del Estado y al autonómico que tomen las medidas legales necesarias para reducir en un 50% la factura de la luz en los hogares.

Entre las medidas que proponen, destaca la reducción del IVA, que ahora se encuentra en un 21% a un tipo reducido del 10%, muy similar al que imponen los países de alrededor de España; la repartición de una manera más proporcional y justa de los distintos tipos de consumidores—domésticos, industriales y del sector servicios— de los cargos no relacionados con los gastos de consumo; la eliminación de los impuestos «especiales» como la generación eléctrica.

Según el Síndic, los conceptos ajenos al servicio contratado suponen cerca del 70% total de la factura.

Las medidas propuestas en el informe presentado

El Síndic de Greuges contempla varias medidas que considera aplicables en beneficio de las familias y hogares | España Diario

 

A lo largo del informe, se han analizado los componentes que hacen que, con un peso relativo similar, la factura llegue a su importe final: la energía que consumimos, los peajes de acceso con los que se pagan los costes regulados del sistema—esto es el transporte y la distribución de la energía—, y otros gastos no relacionados de manera directa con el suministro. Además, también han tenido en cuenta los impuestos que soporta el propio consumidor, como el impuesto de la electricidad y el IVA.

El punto de vista planteado en el informe por el Síndic plantea que se puede incidir en los puntos anteriores para poder reducir la factura de la luz. Ribó propone medidas concretas, las cuales se refieren a la reducción del IVA del 21 al 10%; el hecho de promover la competencia en el mercado energético y así poder evitar las malas prácticas de las empresas; disminuir las cargas de carácter impositivas que ya no se encuentran justificadas; la supresión del pago por el alquiler del contador de la luz, pues consideran que el consumidor ya acata el pago de este servicio a partir de la retribución a la actividad de distribución.

Ribó ha solicitado al gobierno autonómico que haga efectiva la Ley 24/2015 lo más rápido posible. Este reglamento facilita un protocolo para los servicios sociales mediante el cual se puede determinar cuándo una familia se encuentra en riesgo de exclusión social.

Así, para Ribó «son los servicios sociales, y no la compañía suministradora, quienes pueden determinar si se puede o no cortar la luz a las familias en situación de exclusión residencial».